martes, 8 de septiembre de 2009

Ordenan la detención de Eva Bracamonte y Liliana Castro


El Poder Judicial acogió la denuncia de la Fiscalía y abrió proceso penal contra ambas por el asesinato de la empresaria Myriam Fefer, en agosto del 2006, informaron fuentes de Perú.21. La Policía llegó a la vivienda de ambas, en San Isidro, pero no las encontró.
El 17 Juzgado Penal de Lima, que preside el magistrado Alfonso Payano Barona, acogió la denuncia de la Fiscalía y abrió proceso penal con mandato de detención contra Eva Bracamonte Fefer y Liliana Castro Manarelli, por el asesinato de la empresaria Myriam Fefer, madre de la primera, en agosto del 2006.

La Policía llegó al domicilio de San Isidro ubicado en la calle Paul Harris 215, donde ambas viven, pero no las encontró. Al respecto, el abogado defensor de las jóvenes, Julio Rodríguez, sostuvo que ellas realizan sus actividades con normalidad y que por esta razón la Policía no las pudo ubicar.

“Por la hora, ellas nunca están. En su oportunidad acudiré con ellas a la autoridad para que se pongan a derecho. Haremos esto lo antes posible”, aseguró el letrado en Canal N.
Rodríguez cuestionó la decisión de ordenar la detención de sus clientes al señalar que no hay razones jurídicas para ello. “Es una orden que no guarda relación con el derecho, uno detiene ante una flagrancia delictiva, cosa que no ha sucedido debido a que el asesinato ha sido hace 3 años, o a personas en peligro de fuga. Ellas tienen arraigo y actividades conocidas en Lima”, añadió.

El 20 de agosto último, la Decimoquinta Fiscalía Penal de Lima denunció a Bracamonte Fefer por el delito de parricidio y a Castro Manerelli de autoría de homicidio calificado por lucro. Se sospecha que ambas son las autoras intelectuales del crimen que habría cometido el sicario colombiano Hugo Trujillo Ospina, actualmente preso en Argentina por el delito de extorsión.
El parricidio y el homicidio calificado por lucro se sancionan con no menos de 15 años de pena privativa de libertad hasta la máxima prevista en nuestra legislación, es decir, 35 años de cárcel.

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