Raul Haro no sera nombrado

Después de que Perú.21 revelara que el anunciado jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Haro Araujo, afronta una denuncia por violación de sus dos menores hijos, el Gobierno dio marcha atrás y no nombrará al citado contralmirante (r) como el reemplazante de Jorge León Ballén, como lo anunció el mismo premier Javier Velásquez Quesquén el último domingo.

“Yo no he nombrado a Haro, no sé de dónde sale esa especulación”, dijo el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, en una conferencia en Palacio de Gobierno junto al jefe del gabinete, quien fue el que informó que el citado contralmirante reemplazará al renunciante León Ballén en el cargo, aunque ahora diga lo contrario.

Antes de que conocerse esta rectificación, Peru21.pe conversió con diversos políticos, quienes señalaron que se debería desestimar el nombramiento de Haro mientras este no aclare ante la justicia su situación legal. El legislador nacionalista Cayo Galindo dijo que esto demuestra que el Ejecutivo, a estas alturas, ya “no investiga” a las personas que nombrará en cargos públicos, sino que ha optado por “pagar favores” políticos.

Por su parte, el congresista Juan Carlos Eguren (UN) indicó que si bien se debe presumir la inocencia de alguien mientras no haya una sentencia, resulta cuestionable que quien pretenda dirigir el INPE tenga una denuncia de esa naturaleza. Indicó que quien sea nombrado en esa entidad no debe tener ninguna tacha, pues se trata de un área en el que hay mucha corrupción.

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Grillete Electronico

e prosperar un proyecto de ley que elabora el Ministerio de Justicia, los condenados por terrorismo que gocen de beneficios penitenciarios tendrían que usar nada menos que grilletes electrónicos. El anuncio lo hizo el titular del sector, Aurelio Pastor, ante la Comisión de Justicia del Congreso. Señaló, además, que para conocer el funcionamiento de dicho sistema viajará a Colombia acompañado por parlamentarios y miembros del Tribunal Constitucional.

Ya en rueda de prensa, Pastor dejó muchas dudas y no supo explicar cómo se aplicaría la medida, porque él mismo planteó eliminar los beneficios penitenciarios a los terroristas. Incluso, dijo que podría implementarse en casos de narcotráfico, estafa, delitos contra la fe pública, omisión a la asistencia familiar, arresto domiciliario y de detenidos sin sentencia, así como para controlar a ex presos peligrosos. “No puedo decir para quiénes sería; lo que sí puedo decir es que va en serio. La idea es implementarlo a partir de este año”, aseveró.

El ministro también habló de otros proyectos. Uno referido al control de condenados por terrorismo que hayan cumplido la pena, a la actuación de las fuerzas militares y policiales en el levantamiento de cadáveres, y a las acciones defensivas en el combate al narcoterrorismo.

SÍ ES APOLOGÍA. Sobre el libro de Guzmán, Pastor defendió la denuncia por apología al terrorismo que presentó su sector y, como sustento, leyó varios extractos del texto, entre ellos una carta de octubre de 2008, así como una misiva de la cabecilla terrorista Elena Iparraguirre.

DATOS

• Aurelio Pastor precisó que policías antiterroristas asistieron a la presentación del libro De puño y letra, pero no consideraron que se había cometido delito y no intervinieron a esas personas.

• Informó que se analiza el video y, si se comprueba que participaron terroristas en libertad condicional, estos perderán sus beneficios.

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Editor del libro de Guzman sentenciado

Walter Villanueva Azaña, responsable de la edición del libro De puño y letra, de Abimael Guzmán, se presentó ayer como un editor independiente con quien la número dos de Sendero Luminoso (SL), Elena Iparraguirre, firmó un contrató por S/.545 para plasmar en una publicación los manuscritos del cabecilla del grupo terrorista. “Como editor, solo he tratado de darle cabida a una persona que tiene un libro”, dijo en declaraciones a Canal N.
Sin embargo, aunque Villanueva niega cualquier vínculo con SL, fue detenido en 1992 por haber participado, según la sentencia judicial, en una revuelta subversiva. El 21 de marzo de 1995, el Poder Judicial condenó a Villanueva a 15 años de prisión por haber atacado, tres años antes, a un grupo de policías que custodiaban la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde él estudiaba Matemática. Asimismo, se le impuso una reparación civil de 5 mil soles a favor del Estado.
Años después, la Corte Suprema de Justicia redujo su sentencia a 10 años de prisión, los que cumplió en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, de donde salió en 2002. No se le otorgaron beneficios penitenciarios. Y, desde ayer, nuevamente su nombre figura en los registros de investigación fiscal pues ha sido denunciado por los presuntos delitos de apología y colaboración con el terrorismo al haber editado y publicado el libro de Guzmán.
“No puede decir que es un ciudadano común y corriente. Él es parte de Sendero Luminoso”, sostuvo en diálogo con RPP el procurador Julio Galindo.
LA DENUNCIA. Galindo formalizó ayer la demanda penal ante el Ministerio Público por la presentación, el pasado viernes, del referido texto.
Además de Villanueva, fueron denunciados Abimael Guzmán, por haber proporcionado la información para el libro; Elena Iparraguirre, por las gestiones que realizó para la publicación, y los abogados Alfredo Crespo, Manuel Fajardo y Carmen Hualla, por haber exaltado la ‘guerra popular’.
También se incluye a Ernesto Messa Delgado, Carlos Gamero Quispe, Bertha Flores Zúñiga, Víctor Ccahuana Martínez, Marcial Curahua Callañaupa, José Machuca y Alberto Mello Márquez, quienes intervinieron en la presentación. Se les imputa colaboración y apología al terrorismo.
Para Crespo, la demanda responde a la supuesta intención del Gobierno de bloquear la defensa legal del cabecilla terrorista. Por su parte, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, dijo que pedirá el decomiso del libro, lo que deberá ser evaluado por la autoridad judicial.

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Pastor: La mayoría de la ciudadanía apoya la renovación del Congreso

El titular de Justicia, Aurelio Pastor, aseguró hoy que la mayoría de la ciudadanía respalda la propuesta del Ejecutivo para modificar la Constitución y permitir así la renovación de los integrantes del Parlamento.

“Hablamos de un proyecto de renovación del Parlamento para elegir en más de una oportunidad y en diferentes momentos. Hay una mayoría de la ciudadanía que lo apoya, y entiendo que se trabajan iniciativas directas del pueblo”, afirmó ante la Comisión de Constitución.

Pastor indicó que se buscará la participación y los aportes de diversos constitucionalistas para afinar la propuesta del presidente Alan García, anunciada en su mensaje por Fiestas Patrias.

Añadió que la propuesta del Ejecutivo solo se limita a reformar la Carta Magna para renovar la composición del Congreso, pero que el mecanismo para esa renovación recién será elaborado con una ley.

“El procedimiento de renovación lo decide la ley, nosotros sólo sustentamos la iniciativa de reforma constitucional, y para llegar a la ley primero tenemos que aprobar la reforma a la Constitución”, manifestó.

Recordó, por ejemplo, que en el siglo XIX había un método aleatorio a través de la suerte para renovar el Congreso, pero mencionó que hay otros mecanismos que “permiten saber antes de las elecciones cuáles son los cambios”.

En el debate en la Comisión de Constitución, Pastor explicó que el sorteo inicial que establece la norma para renovar a los primeros parlamentarios es por única vez, y no significa que el mismo se tendrá que efectuar cada cierto tiempo y en forma aleatoria.

“El sorteo no es permanente, la renovación parcial no significa que va a hacerse cada cierto tiempo y en forma aleatoria, ésta implica que el Parlamento será elegido en dos momentos distintos”, puntualizó.

Dijo que a través de ese sistema se establecerá que la mitad del número de congresistas será elegida en los comicios presidenciales; y a los dos años y medio se designará al resto.

Por ello, insistió en que el sorteo será por única vez para determinar qué parlamentarios van a tener un período de sólo dos años y medio.

No obstante, Pastor advirtió que la principal dificultad para esa reforma es la marcada fragmentación de la representación legislativa, lo que impide alcanzar consenso en esa clase de temas.

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